EL BRILLO DEL COBRE ENCEGUECE AL GOBIERNO
Por Marco A. Gandásegui, hijo.
marcoagandasegui12.blogspot.com
16 de Febrero de 2012.
Por tercer año consecutivo, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli reprimió al pueblo ngäbe-buglé en su propia Comarca, situada en el extremo occidente de Panamá. En 2010 cobró 2 vidas de obreros en las bananeras de Changuinola, Bocas del Toro. El fin de semana pasado el gobierno asesinó en San Félix al trabajador ngäbe, Jerónimo Rodríguez, hirió a 50 manifestantes y detuvo a cerca de 100 manifestantes.
El país fue sacudido, desde el 31 de Enero, por una insurrección generalizada de los ngäbe, que protestaban contra un proyecto de ley en la Asamblea, que permitiría la explotación minera e hidráulica en la Comarca. El rechazo de los desmanes del presidente y su equipo de gobierno se extendieron a casi todas las provincias del país. Los negocios han sufrido fuertes pérdidas y la imagen del país se ha deteriorado en el exterior. Las capas medias se sienten inseguras y hay incertidumbre. El pueblo – el 80 por ciento de la población – sospecha que si hoy son los ngäbe, mañana las víctimas de la represión pueden ser sus propios hijos.
El acuerdo de San Lorenzo entre el gobierno y la dirigencia de la Coordinadora Ngäbe-Buglé, alcanzado el 7 de Febrero con la mediación de la Iglesia Católica, puso fin a las protestas que sacudieron al país durante casi 10 días. Sin embargo, no eliminaron y tampoco mitigaron las causas del conflicto. Rogelio Montezuma, fiscal de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas, denunció que hay más de 200 desaparecidos. Sus familiares dicen que la lucha ngäbe no ha terminado. “Ahora es que comienza” y seguirán vigilantes de que se cumpla lo acordado.
La insurrección ngäbe buglé tiene una explicación muy obvia y transparente. En cambio, la agresividad tipo criminal del gobierno es menos obvia y con motivos que no son tan fáciles de identificar.
Los gnäbes han planteado desde hace varias décadas que no quieren que se desarrollen explotaciones mineras en el área, que en 1997 fue declarada una Comarca con sus leyes y reglamentos propios. En Febrero de 2011, ante una ofensiva gubernamental, los ngäbe lograron arrancarle al gobierno un compromiso de que enviaría a la Asamblea una ley prohibiendo la explotación minera. Renegando su palabra, un año después, el presidente Martinelli hizo que la Asamblea de Diputados aprobara en primer debate un proyecto de ley que le abriera las puertas a la explotación minera en la Comarca.
¿Por qué el presidente Martinelli está obstinado en reprimir al pueblo ngäbe-buglé?
Es una cuestión de negocios. El gobierno nacional no tiene proyecto nacional o interés por impulsar un programa de desarrollo para el país. En las entrañas de la Comarca Ngäbe-Buglé está el yacimiento Cerro Colorado, que contiene la reserva de mineral cuprífero más grande de América Latina.
La mina que podría producir más de 25 mil millones de dólares en un período de 70 años es propiedad de la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa del Estado panameño. La misma está autorizada por ley para hacer concesiones a empresas privadas para explotar su riqueza mineral. Cuando la CODEMIN fue creada en la década de 1970, – el general Omar Torrijos era jefe de gobierno –, se pensó que serviría para contribuir al desarrollo del país. En aquella época, el gobierno militar se asoció con tres multinacionales –Texasgulf, Canadian Javelin y Rio Tinto-Zinc – antes de abandonar el proyecto, cuando los precios en el mercado mundial se desplomaron.
En la actualidad, el precio del cobre fluctúa entre los 5 y 8 mil dólares la tonelada. Con ese precio, la inversión en Cerro Colorado se recuperaría rápidamente. Los planes para explotar Cerro Colorado pasan por una concesión internacional con la participación de la trasnacional canadiense, Inmet Mining Corporation, el gobierno coreano y capitalistas nacionales.
La desesperación del presidente Martinelli y su equipo de gobierno para culminar con éxito el negocio, ha creado en el país una situación que limita con el caos. Su ministro de Seguridad Pública ha acabado con todos los resguardos de la Constitución Política. Interrumpió la comunicación inalámbrica en el área sin orden judicial. Allanó viviendas y detuvo a panameños que protestaban llevándolos a la ciudad de Panamá. El ministro de Seguridad admitió que los agentes de Policía portaban armas de fuego en los operativos contra los ngäbe.
Según informes de los medios de comunicación, la Policía Nacional violó el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley y violó los principios básicos de protección de los menores de edad y limitó la libertad de prensa.
A pesar de los engaños y los diálogos frustrados, el pueblo ngäbe-buglé se ha mantenido firme en su posición de no permitir que las empresas cupríferas extranjeras, en combinación con los rentistas panameños, destruyan sus comunidades. El plan de las multinacionales es explotar Cerro Colorado utilizando tecnologías de cielo abierto, mucho más económicas, pero también insostenibles. La población ngäbe tendría que abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades.
Aún no es claro quienes serían los socios panameños de los canadienses y del gobierno coreano en la empresa cuprífera de Cerro Colorado. Se supone que el presidente Martinelli estaría a la cabeza del grupo empresarial local. En la actualidad, la Inmet canadiense y el gobierno coreano están a punto de iniciar la extracción de cobre en la mina de Petaquilla, en el distrito de Donoso, provincia de Colón.
Según el economista panameño, William Hughes, “aún cuando el gobierno del presidente Martinelli dice no estar interesado en explotar Cerro Colorado, la empresa canadiense Corriente Resources hace trabajos en el sitio con conocimiento del gobierno”. Todo indica que los empleados de la minera canadiense en la Comarca Ngäbe-Buglé realizan su labor en forma ilegal. Sin embargo, son ignorados por las autoridades. Hughes agrega que “Corriente Resources fue adquirida por empresas estatales chinas, la Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y la China Railway Construction Corp. Ltd.”
Otra fuente de conflicto son las empresas que tienen proyectos de generación de energía hidráulica en la Comarca Ngäbe-Buglé. Familiares de altos funcionarios del gobierno tienen intereses en estas empresas. Las represas que se construyen en la actualidad y las otras que aún están en la etapa de diseño, exportarán energía por la red mesoamericana hacia el mercado de EEUU.
LACUNZA CUENTA LO QUE PASÓ
Por Marta Alvarado Fonger
Fuente: www.prensa.com
6 de Febrero de 2012
Su rostro reflejaba el agotamiento. Días de mediación y pocas horas de sueño no fueron suficientes para evitar el enfrentamiento entre indígenas y la policía. José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David, conserva la esperanza de que las partes en conflicto se puedan sentar a dialogar. En entrevista con este diario cuenta por qué y cómo fracasó el último intento de diálogo.
Esta historia –dice– tiene su génesis en el incumplimiento de lo acordado hace un año, cuando le tocó mediar para que gobierno e indígenas llegaran a un consenso. “Lamentablemente el manejo de cómo se iba a trabajar fue muy lento, hasta finales de este año no se llegó a concretar ese trabajo de elaborar la ley”, señala.
Recuerda cómo a pesar de las negociaciones en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, ambas partes no se pusieron de acuerdo y se presentó la ley sin el artículo quinto en el que los indígenas pedían que se cancelaran los proyectos hidroeléctricos en la comarca y áreas anexas.
Ante la molestia de los indígenas y el cierre de calles que se inició primero parcialmente y luego de manera total, el día martes, Lacunza empieza nuevamente su labor de mediación.
El jueves 2 de Febrero, en conjunto con representantes de la Cámara de Comercio de Chiriquí (Camchi), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) de Chiriquí y la gobernadora de la provincia, Aixa Santamaría, recibió a la comisión enviada por el gobierno, formada por los ministros José Ricardo Fábrega y Ricardo Quijano, y los diputados Raúl Hernández y Fernando Carrillo. “La idea era ver si había algún acercamiento con los miembros de la Coordinadora Indígena. Estuvieron aquí hasta las 4:00 de la tarde, estuvimos tratando de contactar a los miembros de la Coordinadora en San Félix. Se hicieron algunos contactos, pero allí el problema fue dónde reunirnos y, en ese tira y jala, no hubo encuentro”.
Pero ese mismo día en la noche Lacunza recibió la llamada de la ministra Lucy Molinar. “Me dijo que esto no podía ser, que tenía que haber alguna manera de negociar y que si yo podía facilitarle el acceso a los miembros de la Coordinadora. Le dije que con gusto y le pregunté si eso era iniciativa suya y me dijo ‘No, yo estoy aquí delante del Presidente’”. Ante esto, contactó a los líderes de la Coordinadora y se pusieron de acuerdo para reunirse con una comisión del gobierno, el sábado 4 de Febrero, en San Lorenzo.
Ese día, muy temprano, partió hacia San Lorenzo. Al pasar por Chorcha se dio cuenta de que no tenía señal de celular. Se regresó y se comunicó nuevamente con la ministra Molinar. “Le dije: ‘voy a entrar a una zona donde no hay comunicación celular’. Y le pregunté ‘¿esto sigue en pie, vienen?’. Me dijo: ‘yo estoy coordinando quiénes van a viajar’”. Seguro de que el gobierno enviaría una comisión, Lacunza partió hacia San Lorenzo. Luego de una larga espera y mediante un teléfono fijo se comunicó nuevamente con la ministra. Ella le reiteró que alguien vendría. Pero pasadas las 2:00 de la tarde finalmente les informó que nadie iría. ¿Qué pasó? Esa pregunta aún no se la puede responder el obispo.
Pese a todo esto, Lacunza no se rindió e intentó contactar al ministro Salomón Shamah a las 9:00 pm del sábado, y a través de un intermediario logró conversar con él. Le ofreció mediar, y ante la aceptación de Shamah, Lacunza se puso nuevamente en contacto con la cacica Silvia Carrera y con el dirigente Rogelio Montezuma para intentar mediar.
Cuenta que lo primero que pidieron los indígenas fue restablecer las comunicaciones vía celular. El gobierno respondió que eso no era tan fácil: “Me dijeron que eso no era tan sencillo como apretar un botón y que tomaba tiempo; que tenían que hacer una gestión con las telefónicas y que eso podía tardar horas”.
Pese a esta negativa, los indígenas aceptaron seguir negociando.
Entonces el gobierno pidió que se abriera la vía de inmediato. Lacunza intervino: “Les dijimos que si habíamos esperado días, por qué no podían ahora esperar unas horas más”. Luego de muchas conversaciones llegaron a un acuerdo: “Quedamos entonces en que los indígenas abrían la vía a las 6:00 de la mañana del domingo y a las 7:00 nos reuníamos en San Lorenzo”.
Con este compromiso, Lacunza se acostó a dormir a la 1:00 am de ayer domingo. Muy temprano se despertó, dispuesto a viajar nuevamente a San Lorenzo para mediar en la cita, pero para su sorpresa se encontró en el celular un mensaje del párroco de San Félix, Adonaí Cortés. “Me decía que cuando la dirigencia indígena fue con la propuesta del acuerdo a las bases al cruce de San Félix, las bases habían dicho que no aceptaban porque ese era el único medio que tenían para hacer presión; que ya en otras ocasiones habían cedido y no les habían cumplido los acuerdos”. Lleno de pesar, a las 5:30 am le comunicó el mensaje a Shamah. “Allí supe que venía lo peor”.
¿Qué llamado le hace a ambas partes?
Lo que le he dicho desde el principio: diálogo sí, intransigencia no. Hay que volver a buscar las vías de sentarse, a pesar de que haya habido lo que haya habido. Eso no puede marcar el fin del diálogo porque no vamos a encontrar solución si no es sentándonos a conversar.
¿Hubo intransigencia de alguna de las partes?
De las dos partes. Cuando damos cabida a la desconfianza y la intransigencia, lo que gana es la fuerza, y cuando gana y se impone la fuerza, fracasa la razón, y cuando fracasa la razón, fracasa el ser humano. No podemos, como seres humanos, renunciar al diálogo porque allí estamos perdidos, cuando no funciona la razón, funciona la fuerza, y la fuerza siempre tiene consecuencias lamentables para todos. No nos vale decir quién tuvo la culpa. Hay muertos y los muertos están allí y nadie los va a devolver.
Hoy el ministro dijo que algunos sacerdotes estaban en contubernio con los indígenas. ¿Qué piensa al respecto?
No oí las declaraciones. Pero sí tengo que decir que el padre Adonaí, el Padre Carlos (de la Cruz), el Padre José Fitzgerald, el Padre Eusebio Pedrol y las Hermanas de la Misericordia de Soloy no han estado, como decía el ministro, 'carboneando' el asunto, sino todo lo contrario 'aguando' el asunto, echándole agua. Si en la Comarca no han pasado más de cuatro cosas es porque ellos están allí metidos con la gente, pero ellos no son los que mandan en la decisión de los indígenas. Ellos están acompañando y viendo cómo se maneja de la mejor manera posible, pero no son los que 'carbonean'.
¿Cómo se soluciona este conflicto?
Si hubiera buena voluntad se debe buscar un espacio para sentarnos. Pasemos la página no para olvidarla, vamos a sentarnos y a ver qué necesitamos para resolver no sólo este conflicto, sino una situación que es muy vieja. Creo que lo que se ha hecho es reabrir una herida que el pueblo indígena lleva hace mucho tiempo: la herida de la incomprensión, la herida del abandono, la herida de la frustración, la herida del olvido, la herida de la marginación, eso les sale por los poros y eso es verdad. En 1997 nos quedamos tranquilos porque les dimos la Comarca y ¿qué hemos hecho con eso? Encerrarlos allí para que se nos mueran de hambre. No hay un plan de desarrollo integral de la Comarca. Ese era uno de los puntos que el año pasado se acordó; que cada ministro iba a presentar un plan para el desarrollo de la Comarca. Promesas y promesas que se hacen.
¿Esas promesas incumplidas llevaron a esto?
Claro. Se van acumulando muchas cosas y llega el momento en que lamentablemente explotan. Entiendo que el gobierno tiene que salvaguardar el derecho de terceros y que tenían presiones internacionales. Pero, ¿qué vale más, la presión internacional o la vida de un panameño? Debemos recuperar el espacio de conversación y hacer las cosas racionalmente.
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