VOCES DE ABIA YALA

PUEBLOS INDÍGENAS Y NARCOTRÁFICO

Gilberto López y Rivas

www.jornada.unam.mx

La territorialidad, los recursos naturales y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en América Latina son sitiados sistemáticamente por corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales se encuentra el narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocada en parte por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas al cultivo de la amapola o la mariguana, y jóvenes indígenas son reclutados por los cárteles.

Paralelamente, con el pretexto del combate contra el narcotráfico, en extensas zonas indígenas se impone un proceso de militarización que da lugar a todo tipo de abusos y violación de sus derechos humanos y los que les corresponden como pueblos. A esto se suma la guerra de contrainsurgencia, que acarrea la presencia de dos actores armados más en las etnorregiones: grupos paramilitares y guerrilleros. Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narcoparamilitares y guerrilleros. La etnia nasa, en el norte del departamento del Cauca, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su Guardia Indígena, armada sólo con sus bastones adornados con colores vivos, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización con la que también han negociado el cese del reclutamiento involuntario de sus jóvenes.

En México, grupos del narco operan en zonas indígenas con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz entre otras entidades federativas, y en las cárceles estatales se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Al criminalizar a los pueblos indios, la guerra contra el narcotráfico encubre una gran variedad de extorsiones e injusticias, adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares, policiales y judiciales.

En poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas, que controlan el transporte de la mercancía hacia México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas de la costa del Caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi (Puerto Cabezas) y Bluefields. En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para sus destinos finales en México-Estados Unidos.

Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, etcétera, que buscan apoderarse de los recursos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, fundamento material de su reproducción y espacio estratégico de sus luchas; su finalidad es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza-de-trabajo y el ejército es cómplice de esta sustracción a partir de sus acciones represivas y contrainsurgentes realizadas con el apoyo de los grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de la guerra sucia.

La militarización no trae la disminución de las actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas de la República Mexicana bajo virtual ocupación castrense. En el plano mundial, Afganistán es ilustrativo de que la guerra y conquista neocolonial del país por las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados intensifica a más del doble la producción, procesamiento y venta de drogas, cuyas ganancias nutren al sector financiero del capitalismo mundial.

Desde hace varias décadas, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos de inteligencia occidentales han sido acusados del trasiego de drogas con la finalidad de financiar los exorbitantes gastos de sus operaciones encubiertas en el ámbito mundial. “Las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína.

Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narcodólares.” (Michel Chossudovsky, ¿Quién se beneficia del comercio de opio afgano?, La Haine, 5 de octubre de 2006). También, la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional para los planes de dominación estratégica de Estados Unidos en América Latina.

La delincuencia organizada no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación social y política que la controle. Es altamente rentable económicamente, además, a partir del hecho de que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. La única posibilidad de una defensa efectiva frente a este fenómeno en el mundo indígena como muestran las juntas de buen gobierno zapatistas, los nasa de Colombia y la Policía Comunitaria de Guerrero es el fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar no sin dificultades la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas.

ASESINAN A LÍDER INDÍGENA EN OAXACA

www. servindi.org

MÉXICO: Aproximadamente a las 2:20 de la tarde del viernes 22 de Octubre fue asesinado a balazos el líder indígena Catarino Torres Pereda, en las oficinas del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) ubicadas en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, México. Una pareja de hombres armados irrumpió en dichas oficinas para disparar a quemarropa contra el dirigente de 37 años de edad, originario de El Cacahautal, Ojitlan, Oaxaca.

Catarino Torres había padecido en los últimos diez años, una incesante persecución política, a causa de su actividad política y social. Participó en la otra campaña, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Asimismo, abanderó la lucha por una indemnización justa de los indígenas chinantecos y mazatecos desplazados por la construcción de las presas Temascal y Cerro de Oro.

También encabezó la recuperación de tierras de las comunidades indígenas invadidas por ganaderos y terratenientes de la región. Eso lo llevó a ser el primer preso político de la APPO, en el 2006, en Oaxaca y a estar recluido durante 7 meses en el penal de máxima seguridad del altiplano.

En Marzo pasado, CODECI tomó el palacio municipal de Tuxtepec también en demanda de apoyos para sus militantes, en esa ocasión se le acusó de causar daños al inmueble, pero tras el diálogo el conflicto fue resuelto. En los meses recientes participó en la Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre, que respaldó la candidatura del ahora gobernador electo Gabino Cué Monteagudo.

En una de sus últimas declaraciones criticó que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia “se adjudicaran el triunfo del pueblo” en las elecciones del 4 de julio, puesto que “nadie puede negar” que en 2006 “se generó la consecuencia de cambiar de tajo al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz”.